En menos de dos meses tendremos elecciones para decidir el próximo gobierno de España. Ocurre en un momento especialmente difícil y complicado, en el que están en juego muchos derechos ciudadanos y el futuro de las políticas de bienestar que más afectan a nuestras familias, especialmente a aquellas que no tienen de todo y sí necesitan de la solidaria y justa redistribución de la riqueza para evitar precisamente que los que menos tienen y más necesitan puedan quedar excluidos en el camino y abandonados a su suerte.
En este tiempo tan difícil y complicado los socialistas hemos sabido estar desde el primer día comprometidos con la superación de una crisis brutal, cambiante y duradera, también con la defensa imperiosa de las prestaciones sociales y siempre poniendo por delante los intereses generales del país, para entendernos, adoptando difíciles y costosas medidas si, pero siempre manteniendo el nivel máximo de protección social, para evitar una situación de quiebra económica y social como ya tienen países como Grecia, Irlanda, Islandia o Portugal. Mucho ha cambiado en estos dos años, solamente una cosa ha permanecido todo este tempo inalterable: el egoísmo electoralista del PP, la estrategia desleal e intencionada del no por el no absoluto como vía de desgaste al gobierno y así poder ganar unas elecciones a lomos de la crisis de todos.
En esta campaña asumimos un compromiso claro, acercar la política a las personas y abrir el partido a los ciudadanos, un compromiso adquirido que se condensa en tres palabras –escuchar, hacer, explicar-. Un compromiso que pretende hacer una política más próxima a la gente y sus problemas. Porque nada está escrito y una encuesta no es un resultado electoral, nadie puede resignarse a que otros decidan por el, más sabiendo que lo que realmente está en juego no es el color de un gobierno o el nombre de un presidente, de lo que hablamos y tendremos que decidir es sobre lo que más nos importa, sobre la vida de nuestras familias y el futuro de este país.
Nadie duda ya de que los gobiernos autonómicos y municipales del PP están atacando lo más sagrado da nuestra democracia, los derechos ciudadanos y las políticas sociales, un ataque directo y sin precedentes a la educación y la sanidad públicas. Nunca la escuela pública fue tan maltratada y criticada como por estos gobernantes del PP gallego o español. Aguirre ya nos ha dicho que la educación no tiene por que ser obligatoria y gratuita siempre, Cospedal que las prestaciones por desempleo se tienen que revisar y Feijóo que los niños que no puedan pagar el comedor escolar no podrán comer en ellos.
¿Cuanto más durarán las mentiras del PP, por muy bien condimentadas y cacareadas las presenten sus medios de comunicación amigos?. En Madrid pretenden ahorrar 80 millones de euros despidiendo a casi 3.000 profesores de la escuela pública, pero mantienen una desgravación fiscal a los padres que llevan a sus hijos a colegios privados por más de 100 millones de euros. En Galicia no vamos a ser menos, renunciamos al impuesto sobre el patrimonio de los que más tienen y para compensar suprimimos la gratuidad de los libros, subimos el comedor escolar y recortamos maestros en los colegios. En Castilla suprimen profesores, ayudas a los pensionistas o becas, pero se suben los complementos de altos cargos públicos. Mientras el candidato Rajoy calla, no dice nada y si habla, depende, todo depende....
Un depende que de resultar ganador significará entregar todo el poder institucional a uno de los partidos más retrógrados de la derecha europea, a uno de los partidos políticos menos comprometidos con el interés general del país y más insolidario con las políticas y derechos sociales. Nos encontramos ante un ataque sin precedentes de la derecha española al Estado del Bienestar con la única intención de asfixiarlo y desmontarlo, porque si bien es cierto que en momentos de crisis las políticas de austeridad en el gasto son necesarias, no es menos verdad que nunca debería ser a costa de nuestra salud, educación o atención social.
Todo está en juego el 20N, continuar por la senda del compromiso social o acabar en un modelo de país donde la cantidad y calidad de los servicios educativos, sanitarios o sociales que recibimos dependan exclusivamente de la cuna que tuvimos o del tamaño de nuestra cartera. Miente quien intente convencernos de que cualquiera tiempo pasado fue mejor, ni las casas de socorro, los reformatorios, hospitales de pobres o escuelas “de ferrado” pueden retornar a nuestro catálogo asistencial como paradigma carismático de una beneficencia pública para gente necesitada y sin recursos económicos. Montoro hablaba claro cuando dijo que “no es el Estado quien debe garantizar el bienestar de los ciudadanos”. Para que nos entendamos, cada cual que se arregle como pueda.
De ganar esta derecha “popularista” el próximo 20N asistiremos peligrosamente a la mayor concentración de poder político (central, autonómico e local), mediático (medios públicos e privados), económico y financiero y judicial, por cierto donde todos vienen a ser de las mismas familias, eso si como Fraga nos decía, “de familias prominentes”. Corremos pues un riesgo innecesario y hasta el momento nunca visto en democracia, de consecuencias impredecibles para la ciudadanía y su bienestar, en un momento en el que nadie discute tenemos graves problemas que solo encontrarán solución con mejor democracia y más bienestar, pero nunca a base de recortes sociales, restricciones políticas o vaguedades programáticas.
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Administración desleal y falsedad documental. Esos son los dos delitos en los que pudieron incurrir los miembros de los consejos de administración de Caixa Galicia, Caixanova y Novacaixagalicia si se demuestra que mejoraron las prejubilaciones de sus directivos antes de que abandonasen sus cargos y que las valoraciones que realizaron de sus activos eran falsas.
El abogado Pablo Arangüena, líder de Izquierda XXI, el grupo crítico con el sector conservador de los socialistas coruñeses, presentó una denuncia el lunes en la unidad que ejerce las funciones de guardia en la que exige a la Justicia que investigue a los consejos de administración de las tres entidades, según desvelaron a este diario fuentes judiciales. El letrado sostiene en el documento que, tras analizar las informaciones publicadas en los medios de comunicación, apreció indicios de que la cúpula de Caixa Galicia, Caixanova y Novacaixagalicia pudo cometer un delito de administración desleal y otro de falsedad documental.
Los consejeros, que cobran una dieta de 700 euros brutos por cada reunión, pudieron incurrir en el primer delito -administración desleal- si antes de la fusión de las cajas aumentaron las indemnizaciones de los altos cargos que abandonaron sus puestos. Novacaixagalicia desembolsó más de cuarenta millones de euros para pagar los finiquitos de una decena de directivos de la entidad. José Luis Pego, exdirector general de la caja; Óscar Rodríguez Estrada, exdirector general adjunto de la oficina de integración; y Gregorio Gorriarán, exresponsable del grupo inmobiliario, recibieron veinte millones de euros; y el exdirector general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, cobró 11,2 millones netos.
Arangüena demanda que un juez abra una investigación para determinar si los directivos, además de un presunto delito de administración desleal, cometieron un delito de falsedad documental. "No es comprensible que el valor atribuido por el Banco de España a Novacaixagalicia sea de un 12% del que figuraba en los libros contables de la entidad. Las diferencias en las valoraciones de las empresas son habituales, pero no en esa proporción, que es ínfima. Hay indicios de que las valoraciones de sus activos no eran correctas", indica Pablo Arangüena, con el que contactó este diario tras ser informado sobre la denuncia que presentó el lunes en el juzgado de guardia.
El abogado insta al magistrado al que deriven el documento que investigue los contratos de los directivos y las actas de los consejos de administración en los que se decidió mejorar las condiciones de los directivos que se prejubilaron. El letrado, además, solicita al Juzgado que pregunte al Banco de España "la causa" de la diferencia entre su valoración y la que figura en los libros contables de la entidad.
La unidad que ejerce las funciones de guardia remitirá en los próximos días la denuncia a un juzgado de instrucción. El magistrado titular del órgano examinará el documento presentado por Arangüena y, si aprecia indicios de que los miembros de los consejos de administración incurrieron en algún delito, abrirá una investigación. En caso contrario, declinará instruirlo.
El delito de administración desleal, según establece el Código Penal, está castigado con penas que oscilan entre los seis meses y los cuatro años de cárcel o el pago de una multa equivalente al beneficio obtenido. El delito de falsedad documental está penado con entre seis meses y tres años de prisión y multa de seis a doce meses.
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